Marcha nacional de afectados por la violencia política llega a Lima exigiendo la derogación del D. S. N° 051-2011-PCM que suspende el Registro Único de Víctimas


El día de hoy 17 de abril llegan a la Lima en una marcha nacional de sacrificio las organizaciones de afectados de la violencia política reclamando la derogación del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM. La marcha se ha iniciado en diferentes regiones del país hacia la ciudad de Lima. Ha sido convocada por la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) y la Asociación de Viudas Madres y Sobrevivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP).

El Decreto Supremo0512011–PCM que continúa vigente contiene disposiciones que afectan los derechos de las víctimas de violencia política y los principios establecidos en la Ley Nº 28592 y su Reglamento.[1] En efecto, el decreto fijó el 31 de diciembre del año 2011 como plazo final para inscribirse en el Registro Único de Víctimas (RUV). Las personas inscritas hasta esa fecha serán las únicas que tengan acceso a las reparaciones, esta disposición contraviene lo dispuesto en la Ley N° 28592, Ley que aprueba el Plan Integral de Reparaciones (PIR) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS) que disponen que la naturaleza del Registro es permanente. Asimismo, no considera que existen muchas víctimas, especialmente las que habitan en zonas rurales que no han podido aun ser registradas. Desde el año 2010 el Movimiento Manuela Ramos y el Gobierno Regional de Apurímac han desarrollado conjuntamente el Registro Itinerante para la Inscripción en el Registro Único de Víctimas, en varios distritos de la Provincia de Tambobamba donde existen muchas víctimas, especialmente las mujeres, que no han podido acceder al Registro debido a que se encuentran en zonas muy alejadas de las ciudades, no cuentan con recursos suficientes para trasladarse y realizar los trámites.

El Decreto también señala que el monto de reparación por desaparición forzada, muerte, discapacidad y violación sexual es de 10,000 nuevos soles. La cifra de la reparación es arbitraria, ha sido establecida sin ningún criterio técnico y de manera unilateral por el gobierno anterior, desconociendo los múltiples esfuerzos realizados al respecto, por las organizaciones de víctimas y sobre todo, sin recoger la opinión de los afectados. De otro lado, el monto es ínfimo y contrario a los estándares internacionales que sobre reparaciones han establecido diferentes organismos supranacionales. Además solo da acceso a las reparaciones a las personas a partir de los 65 años de edad.

A pesar de los reiterados pronunciamientos públicos que solicitaron su derogación como la Defensoría del Pueblo constantemente ha señalado la pertinencia de una modificación de la cuestionada norma. Muchas organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de afectados por la violencia política han advertido sobre los problemas de esta norma y la afectación de los derechos de las víctimas.[2] En efecto, en la Región de Apurímac, la Comisión Multisectorial Consultiva y de Monitoreo del Tratamiento de las Secuelas de la Violencia Política y de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante CMR) también se ha pronunciado sobre este tema. En diciembre ha enviado una carta pública al Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, instándolo a la derogación de esta norma, y se le recuerda su promesa electoral de cumplir con las reparaciones de las víctimas de violencia política.

En el mes de julio del 2011 Manuela Ramos ha remitido una carta al Presidente del Consejo de Ministros solicitándole la modificación de la norma y se ha realizado peticiones formales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial, a la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones de Alto Nivel, a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos y a la  Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza reforzando la incidencia para derogar/modificar el Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM.

Desde la mañana del día de hoy las organizaciones estarán concentradas en el Campo de Marte de Jesús María y esperan que las autoridades dialoguen con ellas y establezcan medidas definitivas para derogar el decreto en cuestión. Cabe indicar que en noviembre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Consejo de Reparaciones aprobó la modificación del Decreto, pero la Presidencia del Consejo de Ministros aun no emite la resolución derogatoria.


[2] Comunicado emitido el 21 de junio de 2011

Lima, 17 de abril de 2012

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