Por Jacqueline Valenzuela, Movimiento Manuela Ramos
El día 18 de febrero del presente en la localidad de Tambobamba (capital de la provincia de Cotabambas), el señor Guido Ayerbe Quispe, Alcalde de la Provincia de Cotabambas, Apurímac, agredió física y verbalmente a la señora Ruth Paz Coricasa, Regidora de la mencionada municipalidad. El Alcalde propinó golpes a la Regidora, ocasionándole contusiones especialmente en el brazo izquierdo. Asimismo profirió insultos y agravios en contra de la señora Paz. La Regidora Paz Coricasa presentó una denuncia en la Comisaría de Tambobamba por el delito de lesiones. El 26 de febrero en una Sesión de Concejo, el Alcalde pidió disculpas por los hechos sucedidos a solicitud de un regidor de su organización.Sin embargo, el 11 de abril pasado, en Sesión de Concejo, el Alcalde amenazó nuevamente a la Regidora y además le señaló: “(…) yo como hombre voy a caer parado y tu como mujer vas a salir perdiendo (…)”.
Abundan casos en nuestro medio donde mujeres electas y que ocupan cargos públicos confrontan abusos y arbitrariedades de parte de autoridades hombres que aprovechando el cargo maltratan a funcionarias públicas. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «Convención Belém do Pará» que ha suscrito el Estado peruano, establece que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. La Convención expresamente condena la violencia perpetrada por los funcionarios (inciso c, artículo 2).
Las situaciones de violencia que sufre la regidora no solo atentan contra la integridad física y psicológica de la funcionaria, sino también afectan su derecho a la participación política. Su labor como autoridad se ve alterada por las continuas amenazas y abusos en su contra. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Recomendación General Nº 23 de la CEDAW, sobre la vida política y pública establecen que los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar a las mujeres el derecho a ocupar cargos públicos. Es por ello que el Estado peruano tiene que tomar lagunas medidas para proteger los derechos de éstas mujeres.
Esta forma de violencia no es casual, está dirigida mayoritariamente a las mujeres. En la mayoría de los casos los hombres arremeten en contra de las mujeres autoridades porque las pautas culturales y las costumbres legitiman la violencia hacia las mujeres y son ellas quienes son más agredidas por el solo hecho de ser mujeres. Además no se trata de la violencia ejercida a determinada persona sino que la violencia se reproduce en muchas situaciones y por ello regidoras y consejeras que en el país sufren agresiones constantes.
Los hombres en estos casos suelen difamar a las mujeres. Se escudan en actos y pretensiones machistas. La frase “el hombre es hombre siempre sale bien parado”significa que los hombres siempre quedan bien hagan lo que hagan.A diferencia de las mujereslos hombres tienen mejores posibilidades de quedar bien ante cualquier circunstancia. Es mucho más fácil a difamar y mentir sobre la vida de las mujeres que hacerlo sobre los hombres. A la sociedad poco le importa la vida privada de un hombrey algún escándalo privado poco lastima o mella su carrera política oprofesión. Es distinto en una mujer. Una mujer tiene prohibido el escándalo ysu vida privada siempre está en cuestión y se examinacon sumo cuidado. La sociedad todavía examinay juzga de manera diferente a las mujeres y a los hombres. Es muy fácil atacar a las mujeres porque se sabe que la sociedad es mucho más prejuiciosa al juzgarlas. Los hombres especialmente los políticos saben esto y lo usan en contra de sus rivales políticas.
En nuestro sistema jurídico existen vacíos para sancionar actos de violencia y hostigamiento entre autoridades públicas. No existe un delito o figura que sancione estos actos de violencia si constituyen faltas. Bolivia ha dado un paso adelante para enfrentar esta forma de violencia. El Congreso de Diputados acaba de aprobar el Proyecto de ley Nº 026/2012-2013 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos de violencia que afecten a las mujeres en ejercicio de funciones político–públicas. Así señala: “quien cometiera actos de presión, persecución, hostigamiento y amenazas en contra de una mujer, o de sus familiares, durante o después del proceso electoral, designada o en el ejercicio de sus funciones político-públicas, que impida su derecho político, será sancionado con una pena privativa de libertad de dos a cinco años”. El proyecto ha sido remitido a la Cámara de Senadores para su aprobación.
Sobre el caso el Movimiento Manuela Ramos ha presentado una queja ante la Defensoría del Pueblo para que en ejercicio de sus funciones brinde la atención y seguimiento;y, tutele los derechos de la Regidora; además se le ha solicitado formular Recomendaciones al Congreso para corregir los vacíos que existen en la legislación y se adopten leyes que sancionen actos de violencia y hostigamiento cometidos en contra de las mujeres autoridades.
Lima, 25 de abril de 2012
Proyecto: "Cotabambas- Apurímac- Perú: respuesta comunitaria desde las mujeres por sus derechos y contra la violencia" 